Colegio de Fonoaudiólogos de Chile A.G.

Decálogo de los colegios sobre reforma a la educación superior universitaria


1. La regulación tanto de la calidad como de la cantidad de universidades debe hacerla el Estado, de la misma manera que debe regular la calidad y la cantidad de profesionales que se forman conforme a las necesidades reales del país.


2. Consideramos que se deben establecer estándares de calidad mínimos para las universidades y las carreras que impartan. Estos estándares deben cumplirse por las casas de estudio antes de abrir sus puertas y de recibir matrículas de estudiantes.


3. La Federación propone la creación de un Sistema de Aseguramiento de la Calidad de la Educación Superior. Este mecanismo debería asegurar al país, en función de un modelo de desarrollo nacional convenido mediante procedimientos democráticos, la formación de los mejores profesionales para Chile. Este Sistema de Aseguramiento de la Calidad debe operar en el ciclo de entrada, uno intermedio y otro de salida. Al no tener acreditación de calidad una institución universitaria, no debería estar apta para formar profesionales.


4. Las competencias y conocimientos del pregrado deben ir acorde a las necesidades del país. En la instancia de calidad de la formación profesional pensamos que los Colegios Profesionales deberían tener un papel protagónico, junto a otras instituciones como Sociedades Científicas, el Ministerio de Educación y las Universidades. Diversos países en el mundo han entregado a los Colegios Profesionales esta responsabilidad.


5. Existe consenso al interior de esta Federación de Colegios Profesionales que, siguiendo prácticas internacionales, debería existir un mecanismo de habilitación profesional, que asegure que los profesionales tienen las competencias necesarias para ejercer.


6. El Estado debe financiar la oferta de calidad pertinente a las necesidades del país. A nuestro juicio es impresentable que se destinen recursos públicos para subvencionar la demanda y a su vez el lucro en instituciones universitarias privadas, en su inmensa mayoría de mala calidad. Existen restricciones de los recursos públicos disponibles, asimismo la calidad de formación que reciben los estudiantes en la actualidad no es satisfactoria, por lo que se debe satisfacer la demanda real de profesionales del país, conforme a un plan estratégico de desarrollo del mismo. La oferta insuficiente de profesionales es indeseable, de la misma manera que la sobreoferta es despilfarro de recursos públicos para el país y a la vez un engaño para las familias y jóvenes que esperan mejorar su calidad de vida mediante la educación universitaria, cuestión que no se cumple en la actualidad.


7. Regulación de la Matrícula de xla Educación Superior Universitaria. A juicio de esta Federación de Colegios Profesionales, la cantidad de profesionales es quizás el tema más crítico. Para algunas carreras de la salud, la OMS da recomendaciones de cantidad de profesionales por cada mil habitantes, sin embargo para la mayoría de las profesiones no existen estas recomendaciones, por lo que ha juicio de esta Federación deberían tomarse como referencia las cifras de los países de la OCDE que tengan los mejores indicadores en educación, estableciendo la cantidad de profesionales por cada mil habitantes en cada área, regulando la cantidad de matrículas para cada profesión basado en estos indicadores, El no hacerlo significa fomentar el lucro, el engaño y condenar a la cesantía a millares de jóvenes profesionales que no tendrán campo laboral para ejercer, sin contar además. el despilfarro de recursos públicos.


8. Financiamiento de la Educación Superior Universitaria. Considerando la educación como un derecho y no un bien de consumo, la educación superior universitaria debe ser para todos quienes demuestren tener las capacidades necesarias para recibirla, independiente del grupo socioeconómico al cual pertenezcan, y es el Estado quien debe garantizar la gratuidad en las Universidades Públicas y no a través de un boucher para los estudiantes, que permitan financiar universidades privadas sin ningún tipo de regulación de calidad. Se debe realizar un financiamiento independiente para la docencia e investigación. A juicio de esta Federación se debe eliminar el “arancel de referencia”, debiendo establecerse los costos reales de la docencia para cada carrera, separándolos de los costos de la investigación y otras actividades universitarias. Actualmente parte de los aranceles pagados por los estudiantes financian la investigación o incrementan más allá de lo necesario el patrimonio de algunas universidades.


9. No estamos pidiendo el cierre de las Universidades Privadas. Pero como toda empresa privada, deben ser ellas quienes generen sus clientes y sus recursos, no debe ser el Estado quien subvencione el funcionamiento de estas empresas privadas con recursos públicos que pertenecen a todos los chilenos y que se requieren con urgencia en otras áreas como la salud y otras.


10. Se debe eliminar la existencia de agencias privadas de acreditación. Todo el Sistema de Acreditación, tanto para universidades como para carreras debe ser completamente público, con la participación de Sociedades Científicas y Colegios Profesionales.